El año 2023 Colombia enfrentó un imperante desafío: las elecciones regionales que moldearon la dirección de los territorios en todo el país. En este marco, el concepto de "voto limpio" debía emerger como un pilar sustancial con el propósito de salvaguardar la integridad del proceso electoral y asegurar la genuina manifestación de la voluntad ciudadana.
El "voto limpio" se refiere a la promoción y práctica de los principios de pluralidad, equidad y libertad en la toma de decisiones, y a la creación de condiciones que propicien la celebración de elecciones transparentes: exentas de la influencia de economías ilícitas, de agentes corruptos y de acciones dirigidas a perturbar los comicios o a someter al sufragante a presiones o engaños con el fin de cambiar su voluntad.
La Constitución Política de Colombia del 1991 define a Colombia como un sistema democrático y le impone la tarea de establecer un vínculo fundamental entre la entidad estatal y la ciudadanía, lo que resulta muy favorable para el amparo de la voluntad popular. El involucramiento ciudadano en las veedurías de las elecciones regionales celebradas en el año 2023 en Colombia es una acción fundamental para la protección de los derechos y deberes de la ciudadanía y de las organizaciones políticas. Las veedurías, particularmente aquellas dirigidas a los procesos electorales, cumplieron un doble propósito: estimular la participación política de los ciudadanos y, al mismo tiempo, ejercer una función de control social sobre las decisiones del máximo ente electoral, como un mecanismo para proteger la pureza del sufragio.
La observación electoral es un instrumento de trascendental relevancia en diversas naciones que incluye a Guatemala, Perú, Nicaragua y República Dominicana. Dichos ejemplos, exitosos por cierto, evidenciaron que la observación electoral puede fortalecer las instituciones democráticas y asegura dos derroteros: la adhesión rigurosa a las normativas electorales sin prejuicios políticos y el respeto a la decisión de la ciudadanía. En Colombia, la Misión de Observación Electoral (MOE) ha dedicado esfuerzos notables para elevar su pericia técnica y, en paralelo, fomentar la participación ciudadana de manera voluntaria en la supervisión de los procesos electorales.
Asimismo, el Consejo Nacional Electoral emitió regulaciones cruciales que garantizan la equidad y transparencia en las elecciones, y que incluyen la normativa sobre publicidad política y revocatorias de candidatos, en los meses anteriores al 29 de octubre. Además, se designaron espacios gratuitos en los medios de comunicación social que hacen uso del espectro electromagnético, para que los partidos, movimientos políticos y grupos significativos, que habían inscrito sus candidatos, hicieran uso de ellos, de acuerdo con la asignación.
Sigue viva la ilusión de ver las urnas llenas de decisiones libres. Algún día.
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